Una campaña electoral debe tener como característica primordial la posibilidad de difusión de propaganda, elemento que forma parte de la libertad de expresión en países denominados como democráticos. Es decir, los procesos electorales son complejos y mantienen su existencia por medio de un delicado equilibrio entre:

• Derecho al sufragio
• Derecho de información
• Derecho a la libertad de expresión
• Garantía por parte del Estado para no ser reprimido por tal expresión
• Interés común

En un escenario democrático, de partidos políticos bien fundamentados, la propaganda política funciona como herramienta de persuasión para llevar ideas y propuestas que afectan el interés colectivo los cuales procuran, finalmente, la obtención de un bien común. Es por ello que su aplicación esté regulada y limitada por la Constitución y las leyes.

Un interesante trabajo de Oláger E. Chacón titulado La regulación sobre propaganda el la legislación electoral venezolana en el siglo XX, publicado en 2004 por la Revista Politeia Nº 32-33 de la Universidad Central de Venezuela, hace referencia al nacimiento de las campañas electorales en Venezuela que datan del gobierno del presidente Isaías Medina Angarita a comienzos de la década de los cuarenta. A pesar de su tradición militarista, fue ese el presidente que verdaderamente modernizó y le dio carácter civilista al Estado venezolano en muchos aspectos; y en cuanto a la legislación y el sistema electoral no hubo excepción.

Desde la Constitución de 1928 se garantizaba la «libertad de pensamiento manifestado de palabra, por escrito o por medio de imprenta», pero daba un margen a la pena por la transgresión de este precepto a lo que determinara la ley, dejándolo a la discrecionalidad del «aparato jurídico» de la época, la Constitución de 1936 sólo reafirmó lo anterior agregando la prohibición de propaganda anónima y de guerra destinada a subvertir el orden político. Fue entonces verdaderamente con la reforma parcial de la Constitución en 1945, cuando se moderniza y se hace más claro el precepto que contribuye al desarrollo de la Ley de Elecciones y al subsiguiente desarrollo de las reglamentaciones y metodologías para el fuero electoral institucionalizado que hoy conocemos.

Recordemos entonces que aún en la mitad de aquel siglo estaba reciente la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935, que por veintisiete años sembró el terror entre sus opositores siendo un militar severo de pensamiento autoritario y quien manejó el país como una de sus haciendas ganaderas. Existía entonces mucho temor y desconfianza que se esparcía en el ambiente político y social; es por ello que el paso de la dictadura a la democracia tomó un arduo y lento camino.

Desde el comienzo del siglo XX, Venezuela quedó atrapada en una larga dictadura militar (1908 a 1935) cuya transición, con Eleazar López Contreras (1935 a 1941) e Isaías Medina Angarita (1941 a 1945), se vio interrumpida por un golpe de estado que conllevó a una breve ilusión democrática con un gobierno provisional que organizó elecciones directas y secretas que dieron como ganador a Rómulo Gallegos, pero tan solo por 9 meses. Luego toma el poder una Junta Militar/Junta de Gobierno (1948 a 1952) de Carlos Delgado Chalbaud, Luis Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez que desembocó en la dictadura de este último desde 1953 a 1958. Luego de tales eventos se fue retomando poco a poco un respiro democrático que duraría cuarenta años más.

Ahora bien, si en el siglo XX fue difícil, imaginemos entonces la enorme ingobernabilidad y la agotadora tarea que se ha debido tener en una incipiente nación para elegir funcionarios políticos y, especialmente, presidentes en el siglo XIX.

En un país rural con población mayormente analfabeta, las elecciones se hacían de forma indirecta, era una cuestión para hombres ilustrados, hacendados, de familias ricas e influyentes de la época que tomaban esa clase de decisiones que entre montoneras a caballo, levantamientos armados y protestas por la tenencia de tierras, consideraban lo que era mejor para el país. Eso ocurrió en el periodo de 1830 hasta 1857, luego de ello se realizaron elecciones directas y secretas pero no por ello con menos restricciones.

Ignacio Andrade

Casi al finalizar el siglo, en 1897, en época de caudillos y castas, el país entraba en periodo electoral cuando gobernaba el presidente Joaquín Crespo.

Entre los candidatos postulados se encontraba el General Ignacio Andrade, quien era un político de trayectoria, un hombre de mundo, con estudios en Europa y Estados Unidos, quien conocía y comprendía la realidad y las causas del atraso venezolano; era el candidato oficialista, el favorito de Crespo.

Juan Manuel «El Mocho» Hernández

El principal contendiente, el General Juan Manuel Hernández, de apodo «El Mocho», quien fue propuesto por parte de los fundadores del liberalismo nacionalista. Hernández, a diferencia de su contrincante principal, era de extracción humilde, sin una notable carrera militar, ni alguna profesión noble que lo respaldara.

La sorpresa inesperada fue que mientras el oficialismo se confiaba en ganar las elecciones a fuerza de manipulación electoral y guerra sucia a través de la prensa servil, permitieron a Hernández desplegar una llamativa campaña electoral como nunca se había visto en la historia de Venezuela de ese siglo. Al regresar de su exilio en Nueva York en 1896, luego de tres años de ausencia a causa de una querella judicial que tuvo que resolver, Hernández llega con la idea de incursionar en el comercio y la política aplicando los nuevos «métodos de agitación electoral» que había observado en aquel país norteamericano. Fue entonces cuando los fundadores del liberalismo nacionalista, Alejandro Urbaneja, Jorge Nevett, David Lobo, Miguel Páez Pumar, Cristobal Soublette y Pedro Manuel Ruiz, lo propusieron como candidato para las elecciones del año siguiente de su llegada y se aseguraron de que tuviera una campaña nacional muy resonante.

El «Mocho» Hernández, aunque poco refinado, era por naturaleza una persona muy carismática. Su campaña se basó en el contacto directo con la gente, sobretodo con la del interior del país. Se organizaron discursos públicos, se regalaban banderines, botones, retratos con la figura del candidato; se enviaban cartas personalizadas dirigidas a los potenciales electores que quedaban sorprendidos al ver que el remitente era el propio Hernández. Se trataba de una verdadera estrategia imaginativa de mercadeo de la imagen del candidato la cual era remarcada por una serie de eventos sociales de calle programados, que muy bien eran acompañados por la alharaca de una fiesta pueblerina con alguna banda local de músicos. Discutía en su campaña un programa de gobierno muy definido en caso de ser electo Presidente de la República con una serie de soluciones para las necesidades básicas de cada región del país.

Asimismo, como lo hacían los candidatos de Estados Unidos, le preparaban y adornaban los últimos vagones de los ferrocarriles, los de las barandillas, para que Hernández fuera de pueblo en pueblo haciendo mítines sin necesidad de bajar del tren.

Eso logró potenciar la simpatía y la personalidad de Hernández e hizo que calara en el corazón del votante de la época. En cambio, el oficialismo sólo supo manipular hábilmente el «sistema electoral» que imperaba en el país para su propio benefició. Según el historiador Ramón J. Velazquez en su obra La caída del liberalismo amarillo, de 1973, el mandato de Crespo se apoderó de dichas elecciones de la siguiente manera:

«(…) Sabían que el resultado final estaba en relación directa de la habilidad para apoderarse el primer día del período electoral de las plazas públicas, en todos los Municipios. La nueva Ley de Elecciones promulgada por el Congreso de 1896 disponía, como todas las anteriores, que cada cuatro años, el 15 de julio, la Primera Autoridad Civil de cada Municipio debía señalar por carteles la plaza pública o lugar abierto en el cual se reunirían los ciudadanos domiciliados en dicho Municipio y con capacidad para votar en las elecciones. En la Mañana del 1º de agosto los quince primeros ciudadanos que llegaran a la Plaza nombraban en su seno, y en presencia del Jefe Civil, un Presidente y cinco Vocales, quienes constituirían la Junta Inspectora de las Inscripciones y del Sufragio. (…) Inmediatamente después se abría la inscripción de sufragantes por espacio de ocho días. Finalizada la inscripción se iniciaba el período de votaciones que duraba tres días, realizándose cada tarde escrutinios parciales y publicando sus resultados. (…) Los resultados se remitían al Congreso Nacional. «Ganar la Plaza», como en el lenguaje guerrero, era el objetivo fundamental de los encanecidos servidores del crespismo.»

Pues, a pesar de la popularidad de Hernández cuyo triunfo parecía imparable ante la opinión pública, fue derrotado de manera fraudulenta por las artimañas secretas de personeros fieles al gobierno en sobre aviso para detentar los puesto de vigilancia del voto popular. Se trataba entonces de un sistema electoral no viciado pero sumamente vulnerable. Crespo aseguraba su hegemonía indirecta tras un arrollador y contundente resultado que ponía en primer lugar a Ignacio Andrade con 406.610 votos; opacando a José Manuel Hernández con tan solo 2.203 votos; y los candidatos restantes, Rojas Paúl, Guzmán Blanco y Nicolás Rolando, más lejos aún con una cifra que sumaba entre ellos menos de 400 votos.

Fue tanta la indignación que sintieron los liberales nacionalistas por el grosero fraude electoral, que enervó los ánimos de sus partidarios provocando así la ira del propio Hernández, lo que lo llevó a su levantamiento en armas que terminó en trágicos eventos de agitación, lucha y el derramamiento de sangre. Luego de este período histórico hubo una larga cadencia de oscuridad política donde la libertad de expresión quedó encadenada al miedo, lo que perduró hasta mediados del siglo XX.

Justo Morao

______